¿Es delito proteger la naturaleza?

 

La nueva Constitución recoge avances significativos tales como reconocer al agua como derecho humano fundamental, la prelación en su uso y la prohibición de privatizarla; los derechos a la naturaleza; la posibilidad de construir el Sumak Kawsay; o el derecho a la Resistencia, éste último que establece en su art. 98: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”

 

Sin embargo después del 2008 se ha venido dando una criminalización de la protesta social que afecta a líderes y dirigentes sociales, maestros, estudiantes, trabajadores públicos, periodistas, indígenas y campesinos. Casi doscientos hombres y mujeres se encuentran involucrados en procesos de judicialización por sus acciones de protesta, rechazo o movilización ante proyectos u operaciones de alto impacto ambiental y social, principalmente proyectos extractivos -como es la minería a gran escala-; por el carácter excluyente del régimen al limitar la construcción del estado plurinacional; o por su oposición a proyectos de ley (como la de minería y la de recursos hídricos) que violentan derechos establecidos en la Constitución.

 

Las casi 200 víctimas de la criminalización son personas y colectivos poblacionales; líderes y dirigentes sociales y autoridades públicas locales (representantes de juntas parroquiales, cantonales y provinciales); organizaciones sociales (indígenas, campesinas, ecologistas y otras). En unos casos son sujetos de investigación administrativa o denuncia incluso operadores de justicia que han emitido fallos a favor de personas opuestas a megaproyectos.

 

Por: Cecilia Chérrez, Acción Ecológica